La Comisión de Derechos Humanos estudia el proyecto de ley 19062, “Ley para combatir la discriminación, la incitación al odio y la apología del odio y la discriminación”, conocido en el Congreso como la Ley contra la “Apología del Odio”. Para algunos especialistas y diputados podría convertirse en una Ley Mordaza, “la más grave que se ha propuesto en el país”.
El proyecto fue analizado por una subcomisión y por el momento no está convocado en las sesiones extraordinarias, pero despertó las dudas de los congresistas, debido a que plantea sanciones a la prensa en caso de que incite la “discriminación cultural”.
“Las penas previstas se impondrán en su mitad superior cuando se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación masivo, por medio de Internet, o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas. El juez acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido”, plantea la iniciativa.
El asunto más grave, de acuerdo con congresistas, es que el proyecto no define ni especifica en ningún momento qué se entiende por discriminación cultural, qué sería una incitación o una intimidación, por lo que el asunto queda totalmente abierto para la interpretación de cada quien y eso podría prestarse para persecuciones.
El proyecto fue presentado por el exdiputado José María Villalta en la administración anterior y en la justificación señala que pretende sancionar con tres años de cárcel cualquier tipo de discriminación por temas de cultura, pero no especifica que se entenderá por ese término. Si se trata de un medio de comunicación serían hasta cinco años de prisión.
“Por lo tanto, mediante la presente iniciativa se pretende corregir las omisiones apuntadas, incorporando expresamente dentro del tipo penal contenido en el numeral 380 del Código Penal la aplicación de medidas discriminatorias en perjuicio de cualquier persona, fundadas en consideraciones étnicas, culturales, gremiales, filosóficas, de idioma, origen nacional, orientación o identidad sexual, estado de salud actual o futuro, discapacidad y cualquier otra característica física o genética, como parte de las conductas prohibidas y sancionadas por esa norma”, dicta la iniciativa en la justificación.
El abogado constitucionalista Fernando Zamora explicó que la propuesta criminaliza cualquier tipo de actitud ciudadana, al no definir claramente los conceptos.“Es la ley mordaza más grave que se ha propuesto en la historia del país. Hay agravamiento de pena solo porque sea en un medio de comunicación. Pero además el proyecto es inconveniente porque pretenden meter cárcel a cosas que no están claras. Con términos imprecisos ¿Qué es discriminar culturalmente? Me van a meter cárcel porque yo tenga un negocio familiar y prohíba escenas amorosas, hasta ahí llega el asunto”, afirmó Zamora.
Por su parte, la diputada Sandra Pisk agregó que se opone al proyecto tal y como está y que trabajarán con una nueva iniciativa que busque el mismo objetivo pero que no afecte la libertad de expresión.
“Yo no estoy de acuerdo con el proyecto. Estoy de acuerdo en que tenemos que legislar en contra de la discriminación, pero este es un proyecto muy delicado. Lo primero que tenemos que saber es qué entendemos por apología del odio, exaltación del odio, bullying y todas las cosas de las que habla este proyecto, en este contexto, sin hacer las consultas correspondientes, este proyecto no corresponde”.
Rolando González, diputado miembro de la comisión de Derechos Humanos, agregó que la legislación no vería la luz, pues la fracción no lo apoyará.
“El proyecto genera una enorme controversia, por la posible afectación a la libertad de prensa y la incidencia en materia religiosa y social. Hay movimientos que se oponen ya al proyecto, no veo posibilidades de que salga un dictamen unánime, si no hay un acuerdo que lo apegue al marco jurídico costarricense”, confirmó el congresista.
La fracción del Partido Frente Amplio rebate todas las afirmaciones de los diputados y el abogado y afirman que el proyecto busca defender los derechos de las personas, por lo que las afirmaciones hechas no tienen ni pies ni cabeza.
“Por supuesto que rebatimos esas afirmaciones, los medios no serían sujetos de la tipificación, porque esos son cosas para las individualidades de los seres humanos, pero los seres humanos tampoco, es un proyecto que respeta cualquier objeción de cualquier ciudadano o medio de prensa…”, afirmó la diputada Patricia Mora.
Precisamente, a Mora se le había cuestionado por sus posiciones con respecto a la agenda de los medios de comunicación en campaña electoral, pues había afirmado que la agenda de los medios debería “ir a debate”.
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