ANEP condena, enérgicamente, violación a la constitucional autonomía universitaria

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP Legítima acción penal de la policía judicial no justifica las agresiones violentas contra jóvenes estudiantes, funcionarios y profesores universitarios Las máximas autoridades políticas del OIJ y de la cartera ministerial de Seguridad Pública deben asumir sus graves responsabilidades Agresión se encuadra en el crecimiento del clima nacional de autoritarismo y de intolerancia promovido por los hermanos Arias Sánchez

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha analizado con sumo cuidado las más diversas informaciones derivadas de los dolorosos acontecimientos de violencia policial y de lógica reacción civil, ocurridos en la ciudad universitaria "Rodrigo Facio Brenes", de la más prestigiosa casa de estudios superiores del país, la Universidad de Costa Rica (UCR). Si bien comprendemos a cabalidad la ingrata y peligrosa tarea encomendada a personas trabajadoras de un cuerpo represivo creado por la misma sociedad, como lo es el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y también como lo es la propia Fuerza Pública; bajo ninguna circunstancia podemos dejar de hacer pública nuestra condena por un acto que hiere la conciencia lúcida de la Patria, como lo ha venido representando por siete décadas, la Universidad de Costa Rica (UCR). El señor Director del OIJ, don Jorge Rojas; así como la ya saliente Ministra de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, la señora Jannina Del Vecchio, deben asumir sus responsabilidades políticas, hasta el nivel de renuncias si fuese del caso. Al menos, se debe admitir que se cometió un error, que hubo excesos de acción policial y reacciones desproporcionadas ante un presunto delito que, si bien delito al fin, su baja dimensión generó una confrontación totalmente innecesaria, que causó fuertes heridas físicas y psicológicas a destacados jóvenes estudiantes, honestos funcionarios y notables profesores universitarios. Igualmente, el manejo desproporcionado e inapropiado de la situación hasta lesionó a varios de los mismos policías intervinientes en el condenable acontecimiento. Existen procedimientos conjuntos entre los órganos de seguridad del Estado y los órganos de seguridad internos de las universidades públicas, que ya han sido aplicados en casos de delitos comunes cuando éstos se llevan adelante dentro del campus universitario, o cuando delincuentes comunes se amparan, indebidamente, en las instalaciones universitarias. Hubo precipitación, bajo control de impulsos, asomo de prepotencia y flagrante descoordinación interpolicial que, pese a la virulencia del enfrentamiento y de la agresión, no provocó una persona muerta, aunque pareciera que estaban las condiciones para el surgimiento de tal desgracia. Esta experiencia pulverizó cualquier protocolo diseñado al respecto para coordinaciones en estas situaciones de crisis, con ocasiones de delitos penales que involucran la autonomía universitaria constitucional. La Universidad de Costa Rica (UCR) merece, mínimamente, una disculpa oficial emitida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como de parte de la Ministra del Vecchio debe producirse una acción semejante. San José, a las veinte horas del martes 13 de abril de 2010. Albino Vargas Barrantes Secretario General Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto