¡RIGE LEY MORDAZA! De manera sorpresiva y en medio de un proceso de discusión que se lleva a cabo en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo envió para su publicación la “reforma de varios artículos y modificación de la sección VIII, denominada delitos informáticos y conexos, del título VII del Código Penal”, popularmente conocida como Ley Mordaza, la cual rige desde el martes. En dicha ley de la República se modifican varios artículos de la Ley de delitos informáticos y se establecen sanciones de prisión por la forma en que se consigue la información, con lo cual se coarta la libertad de expresión de cualquier persona y de los medios de comunicación. Según detalla la ley, se impondrá prisión de tres a seis años a la persona que sin autorización accese, apodere, modifique, intercepte, utilice o difunda documentos o comunicaciones dirigidos a otra persona. Además, se considera una violación de datos personales cuanto estos sean considerados de carácter público o estén contenidos en las bases de datos públicas.

¡RIGE LEY MORDAZA!

KRISSIA MORRIS / ANA V. AMENABAR
kmorris@diarioextra.com

El Colegio de Periodistas y el Poder Ejecutivo han sido recibidos en audiencia por las Comisión Legislativa de Derechos Humanos que analiza las reformas a la Ley Mordaza.

De manera sorpresiva y en medio de un proceso de discusión que se lleva a cabo en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo envió para su publicación la “reforma de varios artículos y modificación de la sección VIII, denominada delitos informáticos y conexos, del título VII del Código Penal”, popularmente conocida como Ley Mordaza, la cual rige desde el martes.

En dicha ley de la República se modifican varios artículos de la Ley de delitos informáticos y se establecen sanciones de prisión por la forma en que se consigue la información, con lo cual se coarta la libertad de expresión de cualquier persona y de los medios de comunicación.

Según detalla la ley, se impondrá prisión de tres a seis años a la persona que sin autorización accese, apodere, modifique, intercepte, utilice o difunda documentos o comunicaciones dirigidos a otra persona.

Además, se considera una violación de datos personales cuanto estos sean considerados de carácter público o estén contenidos en las bases de datos públicas.

El artículo 288 es uno de los más fuertes pues señala que “será reprimido con prisión de 4 a 8 años al que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado”, pero se aumenta hasta 10 años de cárcel cuando “la conducta se realice mediante manipulación informática, programas informáticos maliciosos o por el uso de tecnologías de información y de comunicación”, detalla la Ley Mordaza.

En su oportunidad, el abogado del GRUPO EXTRA, Carlos Serrano, explicó que legislación impone fuertes penas carcelarias por difundir información que los costarricenses tienen derecho a conocer, sanciones de hasta 10 años de prisión que podrían compararse a las que se aplican al delito de homicidio.

Sobre el particular aseveró que la ley castiga la divulgación de información catalogada como secreto político, convirtiéndose en una mampara para ocultar que se den a conocer actos de corrupción.

Para Serrano, las modificaciones aprobadas al Código Penal van más allá de los delitos informáticos y restringen el ejercicio de la libertad de expresión, poniendo en riesgo las investigaciones periodísticas.

“Estas reformas son una censura previa indirecta, es atemorizar a los medios de comunicación, a los periodistas y a los ciudadanos que utilizan las redes sociales para manifestarse y para informar”, reafirmó Serrano.

Alejandro Delgado, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) aseguró que “lo que más nos preocupa es el tema de las informaciones políticas, que desde nuestra perspectiva es el más álgido en la ley, porque lo que debieron de hacer era regular el secreto de estado como lo establece la constitución”.

Por ello comentó que se continuará con el proceso y que conversará con la Defensora de los Habitantes, para que presente, desde la Asamblea Legislativa, una acción de inconstitucionalidad.

“La ley no es retroactiva. Lo que pasa es que a partir de la publicación de hoy alguien podría intentar acusar a un periodista por divulgar informaciones políticas. El problema complejo es que ese es un término muy amplio, donde podrían enmarcarse muchísimas situaciones. Lo que podría fomentar una autocensura”.

Fabio Masís, presidente de la Cámara de Infocomunicación agregó que “me parece que hay una contradicción pues por un lado las discusiones no se aligeran, pero sale publicada la ley”.