El presidente Oscar Arias fustigó a la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), por oponerse al proyecto minero de oro a cielo abierto en la región norte de nuestro país.
“Los obispos saben tanto de biología y de geología como yo de astronomía”, dijo el mandatario, quien encabeza la defensa del proyecto minero, propiedad de la empresa transnacional canadiense Infinito Gold.
Tras conocer el pronunciamiento de los prelados católicos (ver http://www.elpais.cr/articulos.php?id=18239), Arias criticó, durante una rueda de prensa la posición de los obispos, y difundió un comunicado en tal sentido (ver en http://www.elpais.cr/articulos.php?id=18238).
La declaración escrita de Arias difiere poco de unas declaraciones que dio a una emisora nacional el 11 de setiembre del 2008, cuando defendió un decreto para favorecer las operaciones de la transnacional minera (http://www.goear.com/listen.php?v=8f48a3d).
En esa oportunidad y en el boletín, Arias defendió la supuesta legalidad en que se basó su decisión, gracias a los análisis jurídicos de abogados de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), y la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).
La poca diferencia entre la declaración de setiembre y su nuevo pronunciamiento es que ignoró una declaración de esa época en que defendió a su ex ministro del MINAET, Roberto Dobles, quien renunció a causa de una concesión minera no metálica para favorecer a una empresa de su familia.
En esa oportunidad, Arias declaró a la emisora que no fue su intención levantar un polvorín con su decreto, ni se imaginó que lo cuestionaran ante el Ministerio Público por el delito de prevaricato (Art. 350 del Código Penal).
“Yo pasé por la Escuela de Derecho, pero la escuela no pasó por mí y con dificultades entiendo lo que es prevaricato. Ese no es mi caso, ni el de don Roberto Dobles. La figura de prevaricato no la veo en ningún lado; yo no puedo estar estudiando cada decreto que firmo, confío en la honorabilidad, moralidad y ética de mis ministros, si no no podría trabajar con ellos”, aseveró con solemnidad en esa ocasión.
Boletín
El pronunciamiento de la Conferencia Episcopal y el del mandatario se dan a conocer en medio de rumores de que la Sala Constitucional tendría listo para este viernes su voto sobre un recurso de amparo contra el Decreto que declara el proyecto minero de “interés y conveniencia nacional”.
En la declaración escrita, Arias sostiene que “una empresa que ha cumplido con todos los requisitos, que ha aprobado todos los pasos de nuestra legislación ambiental, y que brinda trabajo en una zona de muy bajos recursos. El Decreto que firmé ha sido cuestionado ante la Sala Constitucional, cuya resolución acataremos en todos sus extremos, como lo hemos hecho siempre”.
“Segundo, quiero aclarar que la renovación de la concesión en el proyecto Crucitas no implica que el Gobierno, ni yo, apoyemos la minería a cielo abierto como forma sostenible de hacer negocios en Costa Rica”, dijo.
“Por el contrario, quiero dejar muy claro que en esta Administración no se ha otorgado, ni se otorgará, ninguna concesión nueva para explotar minas a cielo abierto. Repito, no he concedido, ni concederé, ningún permiso nuevo para explotar minas a cielo abierto”, prometió Arias Sánchez.
Añadió que “al igual que lo dije el año pasado, durante el Día Internacional del Agua, en que aclaré que no concedería permiso alguno para exploración petrolera en Costa Rica, hoy reitero que no concederé permiso alguno para proyectos nuevos de minería a cielo abierto en el país, porque es un tema que me preocupa a mí en lo personal. Estoy convencido, como he dicho muchas veces, que el destino de Costa Rica será verde, o no será”.
Obispos
“La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo” Benedicto XVI (Caridad en la Verdad, n.º 51)”, inicia la CECOR.
“Como ciudadanos y Pastores de la Iglesia Católica de Costa Rica, sentimos el deber de iluminar acerca de la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto de minería química a cielo abierto ubicado en Las Crucitas de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela”, dice el pronunciamiento.
Aclara que la declaración la hace “apoyados en los principios éticos y legales de la prevención y la precaución, consignados en la Doctrina Social de la Iglesia (Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, nn. 468 y 469), y también en el derecho que asiste a toda la población costarricense conforme al artículo 50 de nuestra Constitución Política, que dice: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes."
“Como ciudadanos y Pastores de la Iglesia Católica de Costa Rica, sentimos el deber de iluminar acerca de la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto de minería química a cielo abierto ubicado en Las Crucitas de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela”, dice el pronunciamiento.
Aclara que la declaración la hace “apoyados en los principios éticos y legales de la prevención y la precaución, consignados en la Doctrina Social de la Iglesia (Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, nn. 468 y 469), y también en el derecho que asiste a toda la población costarricense conforme al artículo 50 de nuestra Constitución Política, que dice: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes."
La Conferencia sostiene que según lo han demostrado diversos estudios científicos, la minería química a cielo abierto tiene fuertes impactos negativos sobre el medio ambiente, principalmente en zonas de rica biodiversidad como la nuestra, tales como: la remoción de áreas de cobertura boscosa; la afectación de los suelos y de la geomorfología; la contaminación atmosférica por polvo, plomo y mercurio así como por la emisión de gases de efecto invernadero; la alteración del recurso hídrico superficial y subterráneo; el consumo y almacenamiento riesgoso de sustancias tóxicas tales como el cianuro; la afectación a la fauna y al paisaje; así como riesgos para la salud de los trabajadores y trabajadoras y de las comunidades circundantes, debido a los ya mencionados contaminantes.
“Por lo que consideramos oportuno y de suma relevancia que se prosiga el camino iniciado y recorrido de políticas y esfuerzos por conducir el desarrollo de una manera más armoniosa con la naturaleza”, expresan.
Los obispos católicos sostienen que “en este orden, no debe pesar una visión utilitarista o economicista, sino más bien una seria valoración técnica y ética enfocada en el balance real de riesgos y de beneficios hipotéticos de una actividad, así como en su pertinencia para el bien colectivo. Sigamos apostando al modelo de desarrollo sostenible impulsado por el país y la política de paz con la naturaleza. Es importante se preste atención a los cuestionamientos y se analicen los efectos ambientales, sociales, económicos y legales perjudiciales del proyecto”.
“Con la mirada puesta en la búsqueda del mayor bien para nuestra querida Costa Rica, respetuosamente solicitamos al Señor Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, la derogación del decreto número 34801-MINAET, mediante el cual se da la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del Proyecto Minero Crucitas, además de descartar todas las inversiones tendientes a la actividad minera metálica en todo el territorio nacional. También, que se declare una moratoria definitiva a la exploración y explotación minera metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, siguiendo el precedente marcado por el decreto 30477-MINAE durante el gobierno del Dr. Abel Pacheco de la Espriella, compromiso que pedimos abrace el nuevo gobierno que asumirá funciones este año y, por ende, a las personas que en la presente campaña electoral aspiran a dirigirlo. Igualmente, señalamos la imperiosa necesidad que se realice una revisión del Código de Minería de forma que, adecuándose a los nuevos requerimientos en la materia y a los intereses del pueblo de Costa Rica, responda a un enfoque de desarrollo sostenible”, solicitan los obispos.
“Con la mirada puesta en la búsqueda del mayor bien para nuestra querida Costa Rica, respetuosamente solicitamos al Señor Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, la derogación del decreto número 34801-MINAET, mediante el cual se da la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del Proyecto Minero Crucitas, además de descartar todas las inversiones tendientes a la actividad minera metálica en todo el territorio nacional. También, que se declare una moratoria definitiva a la exploración y explotación minera metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, siguiendo el precedente marcado por el decreto 30477-MINAE durante el gobierno del Dr. Abel Pacheco de la Espriella, compromiso que pedimos abrace el nuevo gobierno que asumirá funciones este año y, por ende, a las personas que en la presente campaña electoral aspiran a dirigirlo. Igualmente, señalamos la imperiosa necesidad que se realice una revisión del Código de Minería de forma que, adecuándose a los nuevos requerimientos en la materia y a los intereses del pueblo de Costa Rica, responda a un enfoque de desarrollo sostenible”, solicitan los obispos.
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